Los abogados del expresidente Elías Antonio Saca y otros seis señalados de desviar $246 millones desde la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, apelaron hoy la detención provisional que la jueza 4o. de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, emitió el pasado sábado.

Los defensores argumentan que la funcionaria judicial no fundamentó bien su resolución ya que solo por estar frente a delitos graves no se puede decretar prisión sin antes valorar el resto de elementos como los arraigos que tienen los señalados.

Los abogados se adelantaron en recurrir a la instancia superior ya que para ellos el plazo de cinco días para mostrar su inconformidad vencía este jueves, no así para el juzgado cuyo plazo comenzó a correr desde ayer.

Los defensores dijeron que van a revisar los audios de la resolución dictada por la jueza y si encuentran otros hallazgos los incorporarán como parte de sus argumentos. El Juzgado 4o. de Paz de San Salvador, entregó ayer la resolución por escrito donde la jueza Nelly Pozas, fundamenta las razones por las cuales ordenó instrucción formal con detención provisional el pasado sábado.

Al momento de resolver la funcionaria judicial tomó en cuanta varios aspectos uno de ellos las penas elevadas de los delitos que la Fiscalía General de la República atribuye a los imputados.

Señaló que con los indicios de la representación fiscal quedó evidenciada que los procesados ejerció una función, desde el expresidente Saca, ubicado como el que dirigía supuestamente las acciones delictivas hasta los empleados de Casa Presidencial que aparecen en el requerimiento como las personas que transfirieron los $246 millones a cuentas particulares y posteriormente depositados en cuentas de Saca y demás exfuncionarios.

Otro de los puntos abordados en la resolución, es que a pesar los arraigos y otros documentos presentados por los defensores no se les podía favorecer con medidas ya que el Código Procesal Penal establece que al estar frente a delitos graves ese beneficio no es aplicable.

La Fiscalía acusa a los siete imputados por agrupaciones ilícitas que supuestamente cometieron entre los años 2004 y 2010. En cuanto al peculado (apropiarse de bienes del Estado) es atribuido a Jorge Alberto Herrera Castellanos, Elías Antonio Saca, Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, los últimos cuatro imputados también enfrentan lavado de dinero y activos.

Respecto a Julio Rank y César Funes, además de las agrupaciones ilícitas, guardan prisión en la División Antinarcóticos por casos especiales de lavado de dinero y activos.